Ana Rosa Quintana, imputada por la entrevista a la mujer de Del Valle
(LA LEY 5093/2011)
Diario de Noticias, 21 Mar. 2011, Editorial LA LEY
Ella y otros nueve periodistas han sido citados a declarar como imputados el próximo miércoles por el juzgado de Madrid que investiga las circunstancias que rodearon la entrevista. Madrid.- La presentadora Ana Rosa Quintana y nueve periodistas más han sido citados a declarar como imputados el próximo miércoles por el juzgado de Madrid que investiga las circunstancias que rodearon la entrevista a la mujer de Santiago del Valle, condenado por el asesinato de la niña Mari Luz Cortés.
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada del juzgado de instrucción número 43, María del Coro Cillán, también ha pedido que Gestevisión Telecinco presente la grabación completa de la entrevista realizada por Ana Rosa Quintana a Isabel García el pasado día 23, en el Parque de Brasilia (Madrid).
En los Juzgados de Plaza Castilla, Cillán tomará primero declaración, en calidad de perjudicada, a Isabel García, quien se ha personado como acusación particular en las diligencias abiertas para esclarecer el modo en que se hizo la entrevista en la que confesó que su marido mató a la niña, tal y como dijo en sus primeras manifestaciones ante la policía y el juez, pero en contra de lo que afirmó en el juicio, cuando culpó a su cuñada.
A continuación, la juez ha citado al representante legal de Antena 3, a cuatro periodistas de la citada cadena, y a otros cuatro periodistas de Telecinco para tomarles declaración como imputados desde las 11.00 a las 14.30 horas.
Ya por la tarde, Ana Rosa Quintana deberá comparecer a las 17.00 horas, según la providencia, y media hora más tarde al también periodista de Tele 5 Ignacio Abad, ambos en calidad de imputados al igual que todos los demás periodistas.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que la juez está investigando si todos los imputados cometieron un posible delito de coacciones al entrevistar a Isabel García. Informó EFE

El TS dice que el maltrato se vea en el juzgado que corresponda a la víctima
(LA LEY 5179/2011)
Diario de Noticias, 22 Mar. 2011, Editorial LA LEY
Dictamina que los procesos por violencia de género sean acogidos por el juzgado que corresponda al domicilio de la víctima, de forma que se salvaguarda su protección y evita desplazamientos para declarar en el proceso. Huelva.- El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que dictamina que los procesos por violencia de género sean acogidos por el juzgado que corresponda al domicilio de la víctima, de forma que se salvaguarda su protección y evita desplazamientos para declarar en el proceso.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se deriva de una resolución del pasado 26 de octubre de 2010, cuando el Tribunal Supremo recibió una resolución que planteaba un conflicto de competencias, al haber sufrido presuntamente malos tratos en el ámbito familiar una vecina de Moguer (Huelva), que posteriormente puso la denuncia por este caso en Picassent (Valencia).
El Supremo se ampara en un escrito del Ministerio Fiscal que dictaminó que "la competencia corresponde al Juzgado del domicilio de la víctima en el momento que se producen los hechos punibles", de forma que el asunto se trasladó al juzgado de Moguer, sin que este lo aceptase, con lo que se produjo un conflicto de "competencia negativa".
El Juzgado de Instrucción número 3 de Picassent había instruido las diligencias previas y adoptado la medida cautelar de alejamiento tras tomar declaración a la mujer, pero el Supremo ha entendido ahora que es el juzgado de instrucción número 1 de Moguer al que corresponde "la instrucción de delitos de esta naturaleza".
La sentencia del Supremo se basa en el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cita que "en el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima".
Una norma "que trata de favorecer la situación procesal de la víctima en su relación con el órgano jurisdiccional", matizando que "no precisa si se está refiriendo al domicilio de la víctima en el momento en el que se producen los hechos punibles o el que tenga al tiempo de presentar la denuncia".
La sentencia entiende que el juicio se celebrará "donde tenía la víctima su domicilio en el momento en que sucedieron los hechos, si bien la denuncia se presentó en Picassent por hallarse la denunciante en casa de una amiga en Carlet (Valencia), tras poner fin a la relación, y donde se encuentra, al parecer, en la actualidad". Informó EFE

La Audiencia Nacional anula el canon vigente hasta hoy, con lo que reinstaura el aprobado en 2006

La Audiencia Nacional ha declarado nula la orden ministerial sobre el canon digital que regula desde 2008 los soportes digitales sujetos al pago de esta tasa por copia privada y las cuantías en cada uno de ellos. La decisión no anula sin embargo el canon digital, ya que sigue vigente el aprobado en 2006.

En su resolución, conocida esta mañana, la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional justifica su decisión diciendo que la orden ministerial que lo regula es un reglamento y que, por tanto, su aprobación, requeriría determinados trámites relativos a memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron.

La Sala ha rechazado en cambio la pretensión de los demandantes, la Asociación de Internautas, de que se devuelva lo recaudado por el canon por falta de competencia, según informaron desde la Audiencia Nacional. Esta asociación aseguraba en su recurso que el canon digital “establece un abuso injustificado sobre los consumidores y un privilegio financiero discriminatorio a favor del sector privado”.

Lo paradójico de esta situación es que algunos soportes tenían más gravamen en el canon aprobado en 2008, como los nuevos pagos -antes inexistentes- al comprar un MP3 o MP4, un teléfono móvil o una unidad autónoma de almacenamiento, pero la mayoría tienen más gravamen aplicando el canon de 2006, como las grabadora de CD, de CD+DVD o de DVD-R. Por tanto, de aplicarse lo fallado en esta sentencia, el consumidor tendría que pagar más que antes en varios soportes. No obstante, la sentencia puede recurrirse al Tribunal Supremo.

Apoyo europeo
La asociación decidió llevar el canon digital ante la justicia después de que el Tribunal de Justicia de la UE decretara en octubre pasado que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no puede cobrar de forma “indiscriminada” el canon digital, ya que esta práctica vulnera el derecho comunitario.

Los magistrados del Tribunal de la UE establecieron en concreto que la aplicación del “canon por copia privada” a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme a la directiva relativa a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Estas fueron las conclusiones a las que llegó el Tribunal con sede en Luxemburgo en el marco del conflicto jurídico surgido entre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la empresa Padawan, que comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico y que fue finalmente absuelta por la Audiencia Provincial de Barcelona.

La sentencia provocó que en España defensores y detractores del canon digital se sintieran respaldados, ya que para los primeros el fallo ratificaba su vigencia y para los segundos señalaba que no es compatible con la normativa comunitaria.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró entonces que la sentencia del Tribunal de la UE despejaba "todas las dudas sobre la legalidad" del canon, pues, en su opinión, recogía y reconocía el derecho de los autores y creadores a percibir una compensación equitativa por la copia privada de sus obras.

El abogado especialista en propiedad intelectual y Derecho informático David Bravo consideró incluso que la sentencia avalaba el derecho a solicitar la devolución del canon digital repercutido hasta la fecha mediante un procedimiento judicial

En su resolución de hoy, la Audiencia Nacional ha rechazado "por falta de competencia" la pretensión de los recurrentes, entre ellos la Asociación de Internautas, de que se devuelva lo recaudado por el canon.

A comienzos de este mes, la Audiencia de Barcelona dictó la primera sentencia que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y eximió a la empresa Padawan del pago de un total de 16.759 euros que la SGAE le exigía en concepto de canon digital por la venta de soportes digitales.

Con esta sentencia, la Audiencia de Barcelona cumplía el principio establecido por el Tribunal de la UE de que no podía aplicarse indiscriminadamente a empresas y administraciones, aunque sí a personas físicas.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona reconoció el derecho de la SGAE a aplicar el canon digital a los soportes vendidos a particulares. Los detractores del canon volvieron a considerar que esta sentencia abría la puerta a reclamar la devolución de las cantidades pagadas por el canon. El Ministerio de Cultura advirtió de que una sentencia "no deroga una orden ministerial" y que las empresas debían seguir pagando el polémico gravamen.

La Audiencia Nacional ha anulado hoy la orden ministerial que regula el canon digital en una resolución que señala que dicha orden es un reglamento y que, por tanto, su aprobación requería determinados trámites relativos a memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron.

La resolución llega en un momento en el que el Gobierno estudia una reforma de la regulación del canon digital con el objetivo de tener lista esta revisión en el plazo de tres meses. Dos grupos de trabajo, uno centrado en derechos reprográficos y otro en derechos audiovisuales y fonográficos, buscan desde mediados del pasado enero posibles soluciones para adecuar el canon digital a la normativa comunitaria.

Reacciones de los internautas
El presidente de la La Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha celebrado que la AN ha reconocido lo que "estaban pidiendo" desde hacía años, por lo que solo ha podido calificar la noticia como "excelente". "Han sido tres años de pelea", ha explicado Domingo, y esta resolución "tira la estructura que plantearon las entidades de gestión de derechos".

Esta sala entiende que la orden ministerial que regula el canon digital es un reglamento y, por tanto, su aprobación requeriría determinados trámites relativos a memorias justificativas y económicas, y un dictamen del Consejo de Estado, que no se hicieron.

Ante todo, Víctor Domingo ha querido dejar claro que aún no ha tenido acceso a la resolución, por lo que la asociación la valorará debidamente en las próximas horas. En todo caso, a priori considera que prueba que la aprobación del canon "se hizo deprisa y corriendo".

Domingo ha insistido en que la resolución de la AN "se suma a lo de Europa y lo de Barcelona" y que ahora "solo les queda a la ministra de Cultura y al ministro de Industria mover ficha". A su juicio, "la revisión del canon digital la tienen que hacer ya. No pueden echar más balones fuera".

Además, el problema que ve "de fondo" la asociación es que "ya estaban avisados". "El legislador, a sabiendas, a dado pie a un reglamento que es ilegal" y que "no se ajusta a derecho".

La resolución de la Audiencia Nacional, sin embargo, rechaza la pretensión de que se devuelva lo recaudado por el canon por falta de competencia. Desde la Asociación de Internautas apuntan que ahora van a "ir por ese terreno

Un magistrado del Supremo denuncia que no hay voluntad de modernizar la Justicia
(LA LEY 5339/2011)
Diario de Noticias, 25 Mar. 2011, Editorial LA LEY
Perfecto Andrés Ibáñez ha afirmado hoy en Bilbao que la Justicia vive "una crisis muy compleja" y de "difícil solución" porque "no hay voluntad política" para resolverla ni "se tienen claras las prioridades" en su modernización.
Bilbao.- El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez ha afirmado hoy en Bilbao que la Justicia española vive "una crisis muy compleja" y de "difícil solución" porque "no hay voluntad política" para resolverla ni "se tienen claras las prioridades" en su modernización.
En la II Jornada sobre la Administración de Justicia en Euskadi, organizada en Bilbao por la Universidad del País Vasco, Ibáñez ha impartido una conferencia titulada "Crisis en la Justicia" en la que ha denunciado la existencia de "complicidades marcadísimas" entre representantes del Consejo General del Poder Judicial y los partidos políticos, "en algunos casos ciertamente escandalosas".
Ha criticado que esa relación se produzca precisamente entre quienes "deberían ejercer de modelos de imparcialidad e independencia", y ha dicho que "convertir el poder judicial en un campo de batalla de la política, con la connivencia del Consejo, no ha podido tener peores consecuencias".
Según ha censurado, "ampliar, fortalecer y dotar de independencia judicial no se hace o se hace en términos escasamente significativos" porque así "se mantiene la justicia bajo mínimos", dado que "no se concibe como un servicio público, sino como un poder" que "toma determinaciones de enorme trascendencia institucional".
A su juicio, la Justicia sufre "una crisis endémica y crónica" que requiere de "reformas importantes que sólo son realizables a medio o largo plazo" y que, por tanto, "exigen compromisos políticos fuertes" y un amplio consenso, ya que "trascenderían una legislatura", pero, según ha resaltado, esa disposición "no existe".
La modernización que supondría la implantación de la nueva oficina judicial genera en el magistrado del Supremo "mucho miedo", porque se planteó "sin tener claras las prioridades, ni con qué lealtades políticas" contaba.
Según ha descrito, los problemas de la Administración de Justicia "tienen una profunda raíz estructural" y no afectan sólo a su funcionamiento debido a la falta de medios personales y estructurales, sino que afecta "a lo esencial": a los valores constitucionales.
La viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Victoria Cinto, ha coincidido con el magistrado del Supremo en que hay "una mala Justicia" y que tiene "problemas crónicos" cuya "principal rémora es la mala organización".
"Nuestra Justicia es de una maquinaria diseñada hace más de un siglo, continuamente parcheada, pero que nunca registró una remodelación de raíz" y que a día de hoy tiene "muy difícil solución", ha denunciado. Informó EFE

Cerca de 8.000 sorianos están afectados por la cláusula suelo hipotecaria
Vota: Resultado: 15 votos 1 Comentario La cifra apenas supone el 3,7% del cómputo regional y el 0,2% nacional, según Adicae
S. L. O. Soria

Gran parte de las familias sorianas se encuentra hipotecada; un crédito que en muchas ocasiones supone algo más que una carga y se convierte en un yugo de por vida propiciado por las consecuencias de un escenario económico desfavorable, la poca flexibilidad legal y un mayor respaldo administrativo para salvaguardar los intereses de la banca, considerada el mayor regulador económico social. Uno de los problemas con los que se encuentran los hipotecados es el suelo, una cláusula que ha impedido que sus cuotas crediticias se abaraten al mismo ritmo que el Euribor.

La cláusula interés mínimo o ‘suelo’ en la hipoteca consta básicamente del porcentual mínimo que se debe pagar por el préstamo hipotecario en caso de variaciones en los tipos de interés variable, referenciados a un índice.

Esto quiere decir que las entidades fijan un piso y un techo que las proteja, en el primer caso, de una bajada en los tipos de interés. En general, los máximos que establecen, son «irreales» ya que se fijan porcentuales a los que difícilmente se llegua, según informaron desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae).

La entidad cifra en 7.988 los afectados en la provincia por la cláusula suelo hipotecaria. Aunque a mediados de febrero desarrollaron en la capital una asamblea para informar a la ciudadanía perjudicada, por el momento no se tiene previsto realizar un nuevo encuentro en Soria dado el escaso volumen de damnificados que hay en la provincia. De hecho, la cifra apenas supone el 3,7% del cómputo regional, que asciende a 214.999 afectados, y el 0,2% de la cifra nacional, con más de 3,9 millones de personas con este problema, según los datos facilitados por Adicae. Castilla y León ocuparía el sexto puesto de comunidades con mayor volumen de damnificados (214.999), un listado que encabezaría Andalucía, con 703.162.

>>Más información en la edición impresa del Heraldo de Soria que es la fuente

El pleno del CGPJ estudia mañana el proyecto de los tribunales de instancia
(LA LEY 5523/2011)
Diario de Noticias, 30 Mar. 2011, Editorial LA LEY
Madrid.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana el informe sobre el anteproyecto de ley por el que se crean los tribunales de instancia que advierte, al igual que las asociaciones de jueces, de los efectos que puede tener sobre el derecho constitucional al juez predeterminado por la ley.
Los tribunales de instancia, que sustituirán en tres años a los juzgados tradicionales, se configurarán -según el anteproyecto- como un órgano colegiado que agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los jueces de los distintos Juzgados existentes en un partido judicial.
Las asociaciones judiciales comparten con el CGPJ la crítica que realiza en su informe el órgano de gobierno de los jueces a la posibilidad de que todos los integrantes de una sección del tribunal de instancia puedan ser llamados a decidir un asunto en pleno cuando el presidente o la mayoría de aquellos lo considere conveniente, criterio que será vinculante.
El CGPJ considera que esta regulación sustrae el asunto al juez unipersonal llamado a conocerlo, lo que afectará al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley que establece el artículo 24.2 de la Constitución.
Pero más grave aún -cree el Poder Judicial- es que el anteproyecto ni siquiera prevé que la ponencia corresponda al juez al que correspondió el asunto por turno sino que, al parecer, será también decidido por el pleno sin unas normas de reparto.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es muy crítica con este anteproyecto, tanto en la forma en que está planteada como en este punto ya que, según ha indicado a Efe su portavoz, Pablo Llarena, supone una modificación en la capacidad de decisión de un juez llamado a conocer de un asunto.
Así, aunque se haya atribuido el conocimiento de un asunto a un juez, el presidente o la mayoría de los magistrados del tribunal de instancia pueden llevarlo al pleno para que se establezca una decisión colectiva, por lo que el juez pierde su capacidad de decidir, ha criticado Llarena.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha valorado muy positivamente el proyecto del Gobierno, que cree absolutamente necesario para la modernización de la Justicia.
No obstante, también ha cuestionado el hecho de que el pleno de un tribunal de instancia pueda imponer criterios vinculantes sobre asuntos de carácter jurisdiccional que hayan afectado a un solo juez, y lo considera un exceso.
JpD tampoco está de acuerdo con el criterio de escalafón (por antigüedad) elegido para los nombramientos de los presidentes de las secciones de dichos tribunales que cuenten con ocho o más magistrados pues son partidarios de una elección democrática, así como con la eliminación de ciertas funciones de las Juntas de Jueces.
Mientras, el Foro Judicial Independiente (FJI) ha negado que tal anteproyecto goce de un amplio consenso en la carrera judicial y ha considerado que el impulso que está prestando el CGPJ está inspirado en la finalidad de garantizar la independencia de los jueces.
Así, el FJI expresa un mayor respaldo al voto particular emitido por los vocales del CGPJ Concepción Espejel y Claro José Fernández, que consideran precipitada e innecesaria esta reforma cuando está pendiente de desarrollo la nueva Oficina Judicial.
El proyecto del Gobierno también está siendo analizado por Juntas de Jueces convocadas en Guadalajara, Melilla, Zamora, Zaragoza, Barakaldo, Cartagena, Cáceres y La Coruña.
Además de este informe, el pleno del CGPJ estudiará el nombramiento de dos presidentes de sala para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de lo Contencioso en los de Valencia y Castilla-La Mancha. Informó EFE

Cerca de 8.000 sorianos están afectados por la cláusula suelo hipotecaria

La cifra apenas supone el 3,7% del cómputo regional y el 0,2% nacional, según Adicae
S. L. O. Soria

Gran parte de las familias sorianas se encuentra hipotecada; un crédito que en muchas ocasiones supone algo más que una carga y se convierte en un yugo de por vida propiciado por las consecuencias de un escenario económico desfavorable, la poca flexibilidad legal y un mayor respaldo administrativo para salvaguardar los intereses de la banca, considerada el mayor regulador económico social.

Uno de los problemas con los que se encuentran los hipotecados es el suelo, una cláusula que ha impedido que sus cuotas crediticias se abaraten al mismo ritmo que el Euribor. La cláusula interés mínimo o 'suelo' en la hipoteca consta básicamente del porcentual mínimo que se debe pagar por el préstamo hipotecario en caso de variaciones en los tipos de interés variable, referenciados a un índice.

Esto quiere decir que las entidades fijan un piso y un techo que las proteja, en el primer caso, de una bajada en los tipos de interés. En general, los máximos que establecen, son «irreales» ya que se fijan porcentuales a los que difícilmente se llegua, según informaron desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae).

La entidad cifra en 7.988 los afectados en la provincia por la cláusula suelo hipotecaria. Aunque a mediados de febrero desarrollaron en la capital una asamblea para informar a la ciudadanía perjudicada, por el momento no se tiene previsto realizar un nuevo encuentro en Soria dado el escaso volumen de damnificados que hay en la provincia.

De hecho, la cifra apenas supone el 3,7% del cómputo regional, que asciende a 214.999 afectados, y el 0,2% de la cifra nacional, con más de 3,9 millones de personas con este problema, según los datos facilitados por Adicae. Castilla y León ocuparía el sexto puesto de comunidades con mayor volumen de damnificados (214.999), un listado que encabezaría Andalucía, con 703.162.

'Dación por pago'

La asfixia pecuniaria a la que están sometidas muchas familias ha llevado a varios entes sociales y políticos a clamar por una reforma de la Ley Hipotecaria que recoja la denominada 'dación por pago', una fórmula que permitiría saldar la deuda contraída con una entidad de ahorro devolviendo la vivienda financiada en caso de no poder afrontar el crédito.

En la provincia de Soria los embargos de viviendas por impago de la hipoteca volvieron a repuntar en el tercer trimestre del año pasado y se dispararon un 36,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior, al contabilizarse 26 ejecuciones hipotecarias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos bloqueos patrimoniales son un goteo que aumenta anualmente y cuya evolución revela un aumento de los sorianos embargados. Según las cifras que maneja el CGPJ, en 2007 se contabilizó una veintena de ejecuciones hipotecarias; el número se dobló en 2008, con 42 y siguió incrementando en 2009, con 59. Los números de los tres primeros trimestres de 2010 hablan por sí solos: en nueve meses se llegó a los 62 embargos.

«La 'dación por pago' es de sentido común, es una acción de justicia social para evitar el drama de muchas familias; todos conocemos en nuestro círculo de familia o amistades a alguien que se ha visto afectado y lo que es intolerable y vergonzoso es que el Gobierno central se haya convertido en salvaguarda de los intereses de la banca, que es la única que presenta unas buenas cuentas, y no dé la cara por los ciudadanos, que somos los que pagamos el pato; eso es pura demagogia».

La aseveración es de José Antonio Marín, coordinador provincial de IU, formación que, en el ámbito nacional, esta semana se ha reunido con responsables de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros para analizar el problema de los consumidores en relación con los servicios bancarios.

Aunque la formación provincial no ha mantenido encuentros con colectivos de afectados, se mostró «abierta al diálogo» con cualquiera de las asociaciones de afectados para «trasladar las inquietudes a nivel federal» y de este modo presionar para que la reforma de la Ley Hipotecaria sea una realidad.

De hecho, el partido comentó el pasado miércoles durante el consejo político semanal «el giro brusco a la derecha que con estas aseveraciones ha dado el Ejecutivo central». «Se olvidan de las familias que pasan por este trauma y que no van a levantar cabeza», dijo Marín en referencia a las consecuencias que conllevan la pérdida de la vivienda y el soporte de los gastos cuando una persona se enfrenta al impago, como un futuro incierto y la exclusión social.

En opinión del coordinador provincial de IU, la 'dación por pago' puede darse en España, tal y como se hace en otros países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania.

Fuente El Heraldo de Soria

BANCO DE ESPAÑA
Fernández Ordóñez recuerda que la reforma laboral es «imprescindible»
El gobernador del Banco de España ha reconocido que «una reforma de este tipo no nos llevaría rápidamente a situar nuestra tasa de paro en la media europea, que está por debajo del 10 %».
Vota: Resultado: 17 votos 2 Comentarios EFE. BArcelona
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha recordado que la reforma del marco laboral es «imprescindible para aumentar la productividad», para que España sea más competitiva y para que aumente su tasa de crecimiento.

En su participación en la XXVII Jornada del Círculo de Economía, Fernández Ordóñez ha rechazado hablar directamente sobre el hecho de que patronal y sindicatos no hayan alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva.

No obstante, sobre la reforma laboral, Fernández Ordóñez ha reconocido que «una reforma de este tipo no nos llevaría rápidamente a situar nuestra tasa de paro en la media europea, que está por debajo del 10 %».

Sin embargo, el gobernador ha aseverado que «una reducción de la tasa de paro, por modesta que fuera al principio, tendría consecuencias muy favorables sobre la confianza interna y externa en la economía española».

«La reforma del marco laboral es imprescindible para aumentar la productividad y, así, recuperar la competitividad y aumentar nuestra tasa de crecimiento», ha concluido Fernández Ordóñez
Ler mas en edicion impresa de Heraldo de Soria que es la fuente

ECONOMIA
La crisis dispara los desahucios por el impago de alquileres a niveles récord
07.06.11 - 00:05 - JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID.

la cara más amarga de la crisis. La salida forzosa de una familia del que ha sido su hogar ante el impago del alquiler. Se trata del llamado, en términos jurídicos, lanzamiento. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de estos desahucios se disparó un 36,3% interanual en el primer trimestre hasta sumar 15.491 casos, un nuevo récord desde que la economía empezara a temblar a finales de 2008.
Es un proceso lento y traumático, que en los últimos tiempos se ha recrudecido e, incluso, ha formado parte de las reivindicaciones de los llamados 'indignados' del 15M. Y es que con casi cinco millones de parados y un proceso judicial de desalojo en ocasiones muy dilatado, la alternativa menos dolorosa puede ser dejar de pagar el alquiler.
Para entender la gravedad del asunto basta con fijarse en el número de desahucios a comienzos de 2008, cuando estas incidencias judiciales apenas llegaban a las 5.700 al trimestre. Esto es, en poco más de tres años los desalojos se han triplicado.
Según el mismo documento, los embargos cayeron un 31% en el primer trimestre, con lo que acumulan ya un año de retrocesos. También fueron buenos los datos de ejecuciones hipotecarias. Estos son los procesos por los que, ante el impago de las cuotas de la hipoteca, la entidad financiera que prestó el dinero para la adquisición del bien termina quedándoselo.
Entre enero y marzo se registraron 21.787 ejecuciones, un 21,1% interanual menos. Ya es el segundo trimestre en el que los números reflejan un cierto respiro después de épocas en las que crecían a ritmos del 145%

¿Cómo no le da vergüenza a la Pajín levantar el puño?

Y dice:" ¿Cómo no le da vergüenza a la Pajín levantar el puño? "

Si ZP y sus mariachis son de izquierdas, ya no digo rojos, yo soy monja clarisa.

Y dice:"Si ZP y sus mariachis son de izquierdas, ya no digo rojos, yo soy monja clarisa"

Opinión21/01/2012Editorial
Propiedad intelectual vs. derechos fundamentales
diariodeavila. es
El cierre, por parte del FBI, de la página web Megaupload, que servía para el intercambio de información y de archivos entre ‘internautas’ y que contaba con alrededor de 150 millones de usuarios de todo el mundo, está despertando un sinfín de críticas en los lugares más dispares del planeta, llegando a movilizar de forma silenciosa pero muy organizada a uno de los grupos de piratas informáticos con más influencia en el globo, Anonymous, que ha desencadenado ya ataques contra las webs de importantes industrias audiovisuales norteamericanas y contra páginas dependientes de la administración pública, como la del Departamento de Justicia.
La situación es muy compleja en cuanto que afecta a la globalidad del planeta, y viene a suponer que cuando se toman acciones similares a la del cierre de Megaupload se consigue el efecto deseado contrario, que es el fortalecimiento del tejido social contra las polémicas decisiones. Al menos eso es lo que ocurre de forma inmediata, y aún es pronto para comprobar si la situación se enfría con el paso del tiempo y la consolidación de la decisión.
Esta situación viene a demostrar que existe, por un lado, un compromiso de las diferentes administraciones de los países por salvaguardar los derechos relativos a la propiedad intelectual y, por otro, un afán manifiesto de la población de todo el mundo por anteponer el derecho de libertad de expresión, difusión de contenidos y de privacidad de los ciudadanos.
Podemos trasladar la polémica de los Estados Unidos a nuestro país. Hace sólo unos días que el Congreso estadounidense intentara aprobar lo que se ha venido en llamar la ley SOPA -una norma que pretende detener la difusión ilegal e indiscriminada de contenido protegido por leyes de autor-, proponiendo la intervención, incluso, en cualquier parte del mundo. En España, una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha sido aprobar el reglamento de lo que ya se denomina como ley Sinde-Wert, que pretende dotar de potestad a la autoridad administrativa para interrumpir servicios de internet que se considere que transmiten material de forma ilegal.
Llegados a esta delicada situación, y teniendo en cuenta el buen fin que se plantean los poderes Ejecutivos aspirando a proteger los derechos de propiedad intelectual frente a un posible expolio de los mismos, cualquier medida debe contar con la protección judicial adecuada, y ha de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Opinión21/01/2012Editorial
Propiedad intelectual vs. derechos fundamentales
diariodeavila. es