La Comunidad de Madrid pone en marcha 20 nuevos juzgados e inicia la concentración de sedes
(LA LEY 27052/2010)
Diario de Noticias, 29 Dic. 2010, Editorial LA LEY
Entre los nuevos órganos se encuentra el primer juzgado especializado en Arbitraje, un hito en España. Comienza el traslado de órganos judiciales a la Plaza de los Cubos.
Madrid.- La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto para concentrar los juzgados de la región, una medida que pretende ofrecer un mejor servicio a los...

Anticorrupción recurre ante el TSJ de Madrid el archivo de la imputación de los ex abogados de los cabecillas de Gürtel
(LA LEY 27100/2010)
Diario de Noticias, 30 Dic. 2010, Editorial LA LEY
Considera que hay indicios delictivos suficientes contra ellos
Madrid.- La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión del juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', de estimar la solicitud de sobreseimiento provisional de la causa respecto de los abogados Manuel Delgado Solís, que defendió a Francisco Correa y a Antoine Sánchez, y José Antonio López Rubal, que representó a Pablo Crespo y a Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes'.
Fuentes del TSJM han confirmado a Europa Press que el recurso se ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal madrileño y no ante el propio magistrado instructor. Anticorrupción sostiene que hay indicios incriminatorios suficientes contra estos letrados.
En el auto impugnado, el magistrado recalca que "de una lectura reflexiva y reposada de la investigación no se deduce, en este momento, que estos dos profesionales incurriesen en comportamientos delictivos, sin perjuicio de reconocer que sí existen indicios en los demás imputados".
La resolución del magistrado instructor resolvía la pretensión de archivo de los imputados, una solicitud a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido el pasado 21 de diciembre al magistrado.
De este modo, el juez Pedreira concluye que "los supuestos indicios delictivos resultan insuficientes para enervar su presunción de inocencia, a diferencia de otros imputados". No obstante, aclara que reconocer que no incurrieron en responsabilidad penal "no implica admitir que nunca hubo elementos indiciarios" contra ellos.
Respecto a Delgado Solís, el juez instructor subraya que de los supuestos hechos que se le imputan y de los hipotéticos indicios existentes "hasta el momento" no resulta acreditado que tenga "la condición de coordinador de todas las estrategias defensivas".
Asimismo, señala que el hecho de que el exabogado de Correa viajase al extranjero no supone por sí solo que exista "una conducta reprochable desde la perspectiva del Derecho penal".
El juez concluye que "no se aprecia, después de la investigación practicada, que los abogados hayan intervenido en una confabulación, ni hayan incurrido en una conducta reprochable penalmente".
"Nos estamos refiriendo a dos profesionales de la abogacía en el ejercicio de la misma que han realizado correctamente su función y ejercicio 'civiliter' la misma", ha señalado.
CONVERSACIONES
El sumario del 'caso Gürtel', al que tuvo acceso Europa Press, desvela entre otras cuestiones que el 24 de febrero de 2009 López Rubal mantuvo una conversación con Crespo, en la que éste ordenó al abogado la "ejecución" de los fondos que la red habría ocultado en Suiza, según apunta los informes policiales.
Otro de los aspectos que contiene el sumario es que presuntamente estos letrados trataron de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas". Informó Europa Press.

PROCESO MONITORIO

Es un juicio rápido y sencillo, para el que no se requiere abogado ni procurador y que se destina únicamente a la reclamación de deudas inferiores a 30.050,61 €. Es imprescindible que pueda probarse y para ello se admiten documentos de cualquier tipo (contratos, facturas, albaranes...). El mecanismo es el siguiente: el acreedor presenta ante el juzgado un escrito en el que explica los hechos y adjunta el documento que acredita la deuda. El juez estudia el caso y, si lo cree justificado,...

Esactamente esto es lo que oacurre que pasa a juicio ordinario si el sujeto deudor no admite la notificación previa o cambia de domicilio, con lo que nos eternizamos hasta que pudiera salir la vista, (si sale) con lo que tenemos que recurrir a un valor añadido con los costes del Abogado y Procurador.

Lo que está pasando a las Pymes que son las cantidades que citas, pero esas cantidades son un factor multiplicador que arruinan a demandantes siendo una mayoria en la economia.

A las cantidad principal debemos sumarla los impuestos IVA. etc.
¿como no vamos a estar arruinados?

Saludos y FELIZ AÑO

Para trabajar y perder es preferible no trabajar.
Hay que pedir suficiente dinero por adelantado antes de empezar a trabajar para que no se aprovechen los listillos y caraduras
En cuanto a los abogados hay que buscar a los honrados aunque quedan pocos o apelar a la justicia gratuita
Como dice el aforismo para ganar los pleitos "Hay que tener razón, saberla pedir y que te la quieran dar"
Yo prefiero un mal acuerdo a un pleito, porque si lo empiezo y entra en juego el amor propio aparte de la necesidad, no paro aunque me arruine
! Vivimos momentos dificiles!

Saludos y FELIZ AÑO

Sara, el metrobus ya costaban 9 euros en 2010 ahora los han subido a 9,30.
El billete sencillo sigue costando 1 euro.

Aprobada la ley autonómica que abre Caja Madrid a la privatización parcial

Ene 13,
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy, con 65 votos a favor (PP) y 47 abstenciones (PSOE e IU), la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid que abre Caja Madrid a la participación privada y limita la presencia pública en sus órganos de gobierno en aras a profesionalizar su gestión.

El texto es una adaptación del Real Decreto-Ley de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro que aprobó el Gobierno de la nación hace seis meses.

El consejero madrileño de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha afirmado que la ley autonómica pretende la "despolitización absoluta de la gestión financiera" y la "libertad de actuación en el mercado".

También ha destacado que "potencia" la Obra Social, bien en su forma actual o en la de las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial) y que quedarán bajo "protectorado" de la Comunidad de Madrid.

Los socialistas no la han apoyado porque el PP no ha aceptado ninguna de sus cinco enmiendas, dirigidas a aumentar la representatividad de los sindicatos, matizar la de las universidades en función del número de alumnos y a que el Parlamento regional -y no el consejero de Economía- eligiese al 51 % de los consejeros generales que representan a las entidades sociales.

Por su parte, IU se ha abstenido porque está en desacuerdo con la norma estatal y con la capitalización de las cajas, pero valora que la trasposición de la Comunidad de Madrid "no empuje hacia dentro" y "garantice los acuerdos de estabilidad" sobre Caja Madrid.

En su intervención ante el pleno para defender la ley, Beteta ha hecho hincapié en que "asistimos a un cambio en el enfoque de las cajas iniciado desde el Gobierno estatal" y en que el objetivo final es conseguir que estas entidades "estén preparadas para enfrentase a los retos del futuro, que estará presidido por el endurecimiento de los requisitos de solvencia en las nuevas normas internacionales".

La ley madrileña [...]

Rubalcaba dice que cuando gobernó el PP no hubo tanta dificultad para renovar el TC y reclama responsabilidad
(LA LEY 800/2011)
Diario de Noticias, 14 Ene. 2011
Afirma que cuando el funcionamiento institucional no es correcto "daña más al Gobierno que a la oposición"
Madrid.- El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado este viernes responsabilidad a los grupos parlamentarios en el Congreso, y especialmente al del PP, para que finalmente se llegue a un acuerdo que permita elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya renovación aún esta pendiente.
Pérez Rubalcaba ha recordado que cuando ha gobernado el PP no ha habido tantos problemas para elegir a cargos institucionales, y ha señalado que "el funcionamiento institucional, cuando no es correcto, daña más al gobierno que a la oposición, pero a quien daña realmente es al país".
Tras expresar su "máximo respeto" a los reproches expresados por la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, en relación con la tardanza en los nombramientos, el vicepresidente reclamó "responsabilidad" a los parlamentarios para alcanzar un acuerdo que permita a renovar al Tribunal Constitucional conforme a las pautas consensuadas.
"El Gobierno quiere que cuanto antes se produzca la elección, y esa es una parte de nuestra responsabilidad, pero no somos los únicos responsables", ha subrayado Pérez Rubalcaba.
"En este caso los grupos parlamentarios no se han puesto de acuerdo", ha reconocido, para añadir que el del PSOE -sin citarle expresamente- ha manifestado voluntad de hacerlo mientras que "hay otro que pone encima de la mesa un obstáculo insalvable", en alusión al interés del PP en el nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. "Es muy difícil ponerse de acuerdo con quien mantiene una posición de esta naturaleza", ha añadido.
Sobre la posibilidad de reformar los mecanismos de nombramiento por cámaras, tal y como apuntó Casas durante su discurso el pasado miércoles, el vicepresidente ha señalado que "ójala" se pudiera resolver este asunto con una modificación legal, si bien ya se realizó una "y parece que no está dando resultado". Con ello se refería a la última reforma para implicar también en los nombramientos a las comunidades autónomas.
TIRAR DE HEMEROTECA.
En este punto, Pérez Rubalcaba ha señalado que le gustaría que alguien hiciera repaso de las legislaturas y viera que, pese a que "a lo mejor es una casualidad histórica", cuando gobierna el PSOE siempre hay problemas para renovar órganos institucionales y cuando gobierna el PP nunca hay ningún problema.
"Seguramente es una casualidad, pero cuando se reproduce una y otra vez pues a lo mejor lo que ocurre que estamos ante una cosa distinta de una casualidad y podemos hablar más de una cuestión de voluntad -ha añadido- Y no quiero seguir por este camino porque quiero un acuerdo".
Finalmente, señaló que, recuerda que se produjo "exactamente la misma historia" cuando él fue ministro de la Presidencia entre 1993 y 1996. Informó Europa Press.

Caamaño: a Aznar nunca le gustó el título VIII de la Constitución
(LA LEY 1027/2011)
Diario de Noticias, 18 Ene. 2011
El ministro de Justicia afirma que España sólo ha tenido libertad cuando ha sido consciente de su diversidad territorial y subraya que no le sorprende que el ex presidente del Gobierno cuestionara la viabilidad del Estado autonómico
Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que a José María Aznar nunca le gustó el título VIII de la Constitución, sobre la organización territorial del Estado, por lo que no le sorprende que el ex presidente del Gobierno cuestionara la viabilidad del Estado autonómico.
Caamaño ha defendido que España "solo ha tenido libertad cuando ha sido consciente de su diversidad territorial", y ha explicado que quienes creen como él en ese título de la Carta Magna piensan que es posible en épocas de austeridad encontrar mecanismos de coordinación para evitar duplicidades respetando el espíritu constitucional.
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el titular de Justicia se ha referido también al uso de las lenguas cooficiales en el Senado y ha dicho que mantener el espíritu de esa Cámara de representación territorial tiene un valor que es superior al coste que pueda tener la traducción (cifrado en 11.950 euros por sesión).
"Hay valores que son algo más que un mero coste", y el reconocimiento de la diversidad de España, de la Constitución y de la pluralidad es un valor que hace más fuerte a la sociedad, ha considerado el ministro. Informó EFE.

Caamaño destinará 32 millones a la justicia gratuita y presenta los certificados electrónicos de antecedentes penales
(LA LEY 1025/2011)
Diario de Noticias, 18 Ene. 2011, Editorial LA LEY
Los españoles podrán "con un simple click" solicitar los certificados sobre últimas voluntades, cobertura de fallecimiento y antecedentes
Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha adelantado que su departamento destinará 32 millones de euros en justicia gratuita a las comunidades que no tienen transferidas las competencias en esta materia y ha anunciado que este miércoles se presentará la puesta en funcionamiento de los certificados electrónicos de antecedentes penales, de últimas voluntades y de cobertura de fallecimiento.
Caamaño ha presentado esta iniciativa en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha explicado que los ciudadanos podrán a partir de ahora "con un simple click" desde sus domicilios obtener estos certificados.
Según ha indicado, los usuarios podrán enviar su solicitud a través de la página web del Ministerio de Justicia y recibirán electrónicamente, en un plazo máximo de tres días, el certificado, que gracias a un Código Seguro de Verificación tendrá "plena validez jurídica". Así, ha añadido que los ciudadanos "ya no tendrán que hacer cola en las ventanillas" para reclamar documentos de esta naturaleza.
Caamaño también ha puesto de relieve su intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el propósito de crear tribunales de instancia que sustituyan a los juzgados como órganos judiciales "separados y diferenciados. "Donde hay varios juzgados, habrá un sólo tribunal", ha indicado, para indicar que cada partido judicial contará con su propio tribunal de instancia con el objeto de proporcionar "una mayor unidad de criterio" y facilitar los sistemas de sustitución y suplencias.
Además, el titular de Justicia ha enfatizado, que pese a las medidas de austeridad, se mantendrá la cobertura de la justicia gratuita para los ciudadanos que acrediten escasez de recursos y ha anunciado que su Ministerio destinará 32 millones de euros para el próximo año en su territorio, es decir, en las comunidades sin las competencias trasferidas. Este servicio, según ha dicho, seguirá contando con la colaboración de los colegios de abogados y procuradores.
"NO VALE EL NO PERMANENTE NI LA ABSTENCIÓN"
En época de austeridad y dificultades económicas, el ministro de Justicia ha resaltado que "no vale el no permanente ni la abstención" para salir de la crisis. Frente a ello, ha aseverado que "es tiempo de arremangarse y trabajar, no de apoltronarse y esperar".
"No vale la queja ni la crítica fácil en forma de eslogan. Cuando sólo se habla para ganar las elecciones y no para ofrecer ideas y propuestas que fortalezcan España, es claro que el objetivo que se persigue no es el del conjunto de la nación", ha continuado Caamaño, quien ha llamado a la "responsabilidad", si bien no ha mencionado expresamente el destinatario de sus mensajes.
En lo que corresponde a su ramo, el ministro ha considerado que la Justicia está viviendo una "revolución silenciosa", que supone un "corte definitivo del cordón umbilical que la seguía uniendo a un modelo de Justicia creado en el siglo XIX". A su juicio, toda reforma eficaz como la que vive esta Administración requiere de un diálogo y capacidad de compromiso. Informó Europa Pres

Caamaño: a Aznar nunca le gustó el título VIII de la Constitución
(LA LEY 1027/2011)
Diario de Noticias, 18 Ene. 2011
El ministro de Justicia afirma que España sólo ha tenido libertad cuando ha sido consciente de su diversidad territorial y subraya que no le sorprende que el ex presidente del Gobierno cuestionara la viabilidad del Estado autonómico
Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que a José María Aznar nunca le gustó el título VIII de la Constitución, sobre...

EP - 18/01/2011 18:32h

El Gobierno destinará 5,8 millones de euros al asesoramiento de emprendedores para que puedan poner en marcha sus iniciativas empresariales, según ha explicado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en el Pleno del Senado.

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para favorecer el emprendimiento, el ministro ha explicado que se va a ampliar la red de expertos que ofrecen este tipo de servicios, con el objetivo de reforzar el plan de continuidad empresarial y el programa de fomento.

Además, el plan de asesoramiento incluye una línea abierta de 20 millones de euros para que las empresas puedan ser transferidas a otros gestores. En cuanto a la promoción de valores de emprendimiento entre los jóvenes, Sebastián ha explicado que se destinarán dos millones de euros a cofinanciar, junto con las comunidades autónomas, los 'Días del emprendedor', unas jornadas de promoción de estos valores que desde hace seis años se están llevando a cabo.

Dichas jornadas se realizarán en todo el territorio nacional y están avaladas por la Comisión Europea. Además, se encuentran enmarcadas en la segunda Semana Europea de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme), como una idea "de las más importantes para el emprendimiento europeo", según el ministro.

Todas estas medidas se incluyen en el Plan Anual de Actuación de Apoyo al Emprendimiento para 2011, que se aprobó el viernes en el Consejo de Ministros, y que destinará 84 millones de euros para facilitar la creación de 5.000 empresas y promover una inversión de 300 millones de euros

El catalán inaugura en el Senado la era de oro del pinganilloCada sesión de la Cámara Alta costará a partir de ahora 12.000 euros en traductores
LVL

Madrid.- Los pinganillos ya son un elemento más del Senado, imprescindibles para que a partir de ahora los allí presentes puedan entender los debates. Eso sí, están a precio de oro, porque la Cámara Alta se gastará en cada sesión 12.000 euros en traductores.

Los senadores de todos los grupos parlamentarios podrán utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el Pleno, una medida que inauguró en la tarde de este martes, 18 de enero, el portavoz de la Entesa Catalana del Progrés, Ramón Aleu (PSC), quien antes de pasar a defender la iniciativa sobre el abandono escolar quiso dirigirse a sus compañeros para agradecerles la oportunidad de poder expresarse en catalán.

Poco antes de las ocho de la tarde, comenzaba el debate de la primera moción consecuencia de interpelación en la que los senadores ya tenían la oportunidad de intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales.

Todos los senadores comenzaron su discurso en su turno de intervención haciendo referencia a esta novedad. Durante este primer debate que admite las lenguas cooficiales se han podido escuchar, además del castellano, el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera, que son traducidos simultáneamente a través de siete intérpretes.

La que no celebró esta novedad fue la senadora gallega del PP, María Jesús Sáinz. "Quiero que mis primeras palabras sean para manifestar que amo a Galicia y a mi lengua, de la que me siento muy orgullosa, pero voy a usar el castellano porque es un tema que afecta a todos los españoles y en la que todos me van a entender", explicó la senadora popular

La misma posición tomó su compañera de partido María Dolores Pan, también gallega y que en el debate de otra iniciativa sobre sanidad aseguró amar a su tierra, sus costumbres y su lengua pero prefirió hablar en castellano, "la lengua en la que se entienden todos los ciudadanos".

A favor de la medida se ha mostrado, sin embargo, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que ha recordado que las lenguas cooficiales están reconocidas en la Constitución y calificó como "correcto" que se utilicen en la Cámara de representación territorial.

El Senado se gastará 350.000 euros al año en llevar a cabo esta medida. Sólo el uso de los auriculares comprados para la ocasión ya han supuesto a la Cámara un desembolso de 4.500 euros. El presupuesto de la Cámara para 2011 contempla casi 12.000 euros por cada sesión plenaria.

19 Enero 11 - - F. Velasco MADRID- El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá mañana para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente, cargos que ocupaban hasta la pasada semana María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente. Todo parece indicar que Pascual Sala y Manuel Aragón son quienes a priori tienen más opciones para sustituir a Casas, cargo que ocupa en funciones Javier Delgado.

Tanto Sala como Aragón están encuadrados en el denominado «sector progresista» del Alto Tribunal, que, con la nueva composición tras la última renovación parcial, cuenta con mayoría. Sin embargo, distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico vinieron a coincidir en que Pascual Sala es quien parte con ventaja en esa «carrera». Y ello porque, a priori, tendría el aval de los otros cinco magistrados «progresistas», lo que sería suficiente para resultar elegido, ya que en estos momentos el TC está formado por once magistrados, al no haberse cubierto la vacante producida tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo.

El hecho de que Aragón mantuviese desde un principio que la sentencia del Estatut tenía que reconocer del Estatut que no hay más nación que la española, recortando en este aspecto esencial la norma catalana impugnada, es algo que causó un profundo malestar en el «sector progresista». Estos magistrados no están ahora por la labor de auparle a la presidencia del TC.

Pascual Sala, por contra, siempre se alineó con quienes defendían una sentencia más «blanda» del Estatut, en la línea defendida por Elisa Pérez Vera –primera ponente de la resolución–, en la que la declaración de inconstitucionalidad de preceptos de esa norma era sensiblemente inferior a la finalmente sentenciada. Este magistrado fue designado miembro del Tribunal Constitucional en junio de 2004 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, mientras que Aragón fue nombrado, ese mismo año, a propuesta del Gobierno.

Por otro lado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde Martín de Hijas se reincorporarán la próxima semana al Tribunal Supremo, una vez que cesaron en el TC. Formarán parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La pugna
- Pascual Sala
Fue presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. En junio de 2004, el Consejo General del Poder Judicial le propuso como magistrado del Tribunal Constitucional, junto al también juez del Supremo Ramón Rodríguez Arribas. En ese momento, el nombre de Conde-Pumpido también fue defendido por algunos vocales progresistas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Sala (Valencia, 1935) es experto en Derecho Administrativo y Proceso Contencioso Administrativo, y ha publicando varias obras sobre estas materias.
- Manuel Aragón
Designado a propuesta del Gobierno también en 2004, se mantuvo firme desde el principio en todo lo que se refería a que la Constitución no reconoce más nación que la española. Aragón (Córdoba, 1944) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus trabajos se centran en la monarquía parlamentaria, la interpretación de la Constitución, la Justicia constitucional, el procedimiento legislativo, el control parlamentario, el modelo territorial del Estado y el funcionamiento de las comunidades autónomas.

El PSM propondrá ampliar los órganos judiciales, unificarlos física y virtualmente, y ampliar las dotaciones de personal
Creará becas para opositores a juez y fiscal, tendrá como "prioridad" la implantación de la oficina judicial y mejorará los centros de menores

El PSM propondrá ampliar los órganos judiciales, unificarlos física y virtualmente, y ampliar las dotaciones de personal
Creará becas para opositores a juez y fiscal, tendrá como "prioridad" la implantación de la oficina judicial y mejorará los centros de menores

La portavoz del PSM en la Asamblea, Maru Menéndez, ha desgranado este sábado en la jornada 'Una administración de Justicia al servicio de la ciudadanía' algunas de las propuestas en materia judicial que se incluirán en su programa electoral para las elecciones de mayo.

Así, la diputada ha apuntado que si los socialistas consiguen la Presidencia de la Comunidad de Madrid "dentro de 121 días", trabajarán para ampliar los órganos judiciales "en la medida que resulte necesario" para evitar la lentitud actual de los procesos.

Además, crearán una "red institucional y ciudadana" que trabaje de forma coordinada, y mesas de justicia donde la sociedad civil y los agentes implicados puedan poner de manifiesto los problemas que se plantean en el ámbito judicial y proponer soluciones.

En la misma línea, el PSM trabajará para "modernizar la Administración de Justicia con la implantación de sistemas tecnológicos que garanticen la conectividad entre las diferentes instancias judiciales y servicios relacionados", porque "incluso las cuestiones más básicas en el siglo XXI, como los sistemas informáticos, están absolutamente obsoletos, anacrónicos e ineficientes porque no pueden incorporar sistemas operativos interconectados".

CAMPUS DE LA JUSTICIA

Por otra parte, ha criticado "la dispersión de las sedes y los problemas que eso presenta", así como que las "condiciones de habitabilidad mínima muchas veces no se reúnen", por lo que ha avanzado que el PSM buscará la "unificación" virtual y física de las sedes.

Así, la "concentración" física pasará por la continuación del proyecto del Campus de la Justicia, actualmente paralizado y que Menéndez ha calificado de "fiasco", ya que "la presidenta (Esperanza Aguirre) prometió a los ciudadanos que no costaría ni un euro y que sería una realidad en 2007 y (cinco años más tarde), lamentablemente" no hay más que un edificio levantado.

" (La Comunidad ha gastado) más de cinco millones de euros en actos publicitarios, autobombo, múltiples presentaciones, maquetas, viajes internacionales, exposiciones... Hemos trasladado la maqueta por todo el mundo; el problema será cuando vengan aquí buscando lo que han visto en la maqueta, ¡con lo que se van a encontrar!", ha ironizado.

Por ello, los socialistas elaborarán un "plan estratégico para analizar los costes de la inversión productiva realizada" hasta el momento, teniendo en cuenta que, con los "ajustes presupuestarios", deberán "gestionar en términos de muchísima austeridad".

"Pero eso no quiere decir que la inversión en justicia no sea de rentabilidad extrema para la sociedad, y desde luego será un elemento central de nuestro compromiso de Gobierno (porque) Madrid merece una Ciudad de la Justicia alejada de la megalomanía y de la demagogia, pero representativa de la región y funcional para los usuarios y profesionales", ha añadido.

Junto con esta ampliación de las sedes, la portavoz también ha señalado que el PSM "estudiará la garantía de mecanismos de incentivación salarial tendentes a evitar una rotación excesiva de personal, que no permite que se consolide la eficiencia debida, y también orientada a favorecer y facilitar la agilidad en las oficinas judiciales".

Asimismo, pondrá en marcha "procesos de cobertura de plazas de contratados laborales y funcionarios interinos, especialmente en los servicios auxiliares de los juzgados," para mejorar la gestión de recursos humanos, lo que incluirá la reubicación de personal excedente.

OFICINA JUDICIAL

Por otra parte, Menéndez ha asegurado que "la implantación de la oficina judicial será una prioridad" para los socialistas en contraste con el "desentendimiento" y la "irresponsabilidad" del actual Ejecutivo en esta materia, que ha permitido que "Madrid esté en el furgón de cola" en su desarrollo.

"No es posible que algunas comunidades autónomas estén estableciendo la nueva oficina judicial y otras, como la de Madrid, no; que haya dos velocidades en la Administración de Justicia. Pero más incomprensible es que una comunidad como Madrid, que debe ser de la excelencia, que tiene recursos, mecanismos y potencialidad para ello aunque también tenga muchas dificultades, no sea capaz de situarse a la cabeza en lograr que la justicia sea no sólo más eficaz en su funcionamiento, sino una referencia en el liderazgo nacional e internacional", ha reprochado.

A renglón seguido ha señalado que otra "asignatura pendiente" es que "la planta judicial impulse un desarrollo armonizado del territorio, incorporando en la Comunidad de Madrid las prioridades que definen el territorio regional en materias educativa, social, cultural, de industrialización o de desarrollo urbanístico".

En este sentido, ha avanzado que el PSM ha pedido al Gobierno que estudie la última modificación de la Ley del Suelo que, a su juicio, podría ser inconstitucional porque se ha realizado "de manera inadecuada" y porque "puede afectar directamente al suelo en el que se asienta la Ciudad de la Justicia".

En la misma línea, Menéndez ha señalado que los socialistas trabajarán para "ir hacia un modelo integral de la justicia, sensible a los desequilibrios sociales y económicos, y en el que los tribunales no sean la única solución". Para ello, incorporarán "instrumentos de mediación".

OTRAS PROPUESTAS

Relacionado con este asunto, el PSM propondrá una "mejora de la cobertura de la asistencia jurídica gratuita" con una "dotación presupuestaria adecuada y suficiente" que permita "agilizar los trámites para el cobro del Turno de Oficio", y también aportará mayores dotaciones a los "servicios de cumplimiento de penas alternativas a la privación de libertad".

Para ello, pondrán "a disposición de los jueces la red autonómica de servicios sociales", implementarán "medidas e instrumentos de intervención social para la reinserción y la reeducación" y aumentarán la "coordinación entre las consejerías de Justicia y de Asuntos Sociales".

En materia legislativa, los socialistas madrileños propondrán "reforzar" la aplicación de la Ley Integran contra la Violencia de Género con "un paquete de medidas de protección a las víctimas, hoy necesario y prioritario", además de que apostarán por "la reeducación y la reinserción de menores infractores" con una "mejora de los centros, incremento de los profesionales y el desarrollo de la Ley Penal del Menor", coordinando los servicios implicados.

Por último, también se apoyará la formación continua y se crearán "becas potentes" para los "opositores a las carreras judicial y fiscal", que se otorgarán a jóvenes "con expedientes académicos que lo merezcan y que no tengan recursos económicos suficientes".

CON LA SOCIEDAD CIVIL

"Jamás nos vamos a instalar, por el hecho de estar en la oposición, en el 'cuanto peor mejor'; sólo los irresponsables se instalan en eso. Por eso hemos intentado llevar adelante propuestas para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad, aunque no con demasiado éxito porque el consenso no es una seña de identidad, lamentablemente, de la institución autonómica en nuestra región", se ha quejado Menéndez.

Por ello, para los socialistas es "importante" trabajar "de forma concertada" con la sociedad civil, tanto en éste como en el resto de temas y tanto ahora como desde el Gobierno. "Por eso es tan importante esta jornada: para poder hablar con rigor, seriedad, transparencia, eficacia, eficiencia, sin demagogia, sin oportunismo partidario y sólo desde la búsqueda del interés general y el bien común para avanzar, (en contraste con) el despilfarro, la dejación y la desidia que encontramos en la gestión (actual) de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.
Europoa Pres

Caamaño destaca a Salas como gran defensor de los derechos de los ciudadanos
(LA LEY 1252/2011)
El ministro de Justicia destaca la trayectoria del nuevo presidente del TC en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos
Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado hoy su satisfacción por la elección de Pascual Sala como presidente del Tribunal Constitucional (TC) y ha destacado su trayectoria en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El pleno del TC ha elegido hoy a Sala (Valencia, 1935) -ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo- nuevo presidente del Constitucional, del que es magistrado desde junio de 2004.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, Caamaño ha elogiado la gran experiencia del nuevo presidente como magistrado y su "gran trayectoria profesional y personal en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y de los valores constitucionales". Informó EFE.
Diario de Noticias, 20 Ene. 2011

Trabajo abre la puerta para que los autónomos puedan jubilarse de manera anticipada
Ene 20, 2011 | Cinco Días

El Gobierno ofreció ayer a las organizaciones de autónomos la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia puedan jubilarse anticipadamente, algo que hasta ahora solo podían hacer en contadas excepciones, como en el caso de ser mutualista antes de 1967. Esta medida se incluiría dentro del proyecto de ley que ultima el Ejecutivo para reformar el sistema público de pensiones.

Así lo desvelaron ayer el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras la reunión con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la que se mostraron muy satisfechos de la decisión del Ejecutivo. "Por primera vez se considera la opción de que los autónomos accedan a la jubilación anticipada con los mismos coeficientes reductores en función de la edad de retiro que en el régimen general. Esto mejorará la protección social de los autónomos", afirmó ayer Amor.

En el caso del régimen general se puede acceder a la jubilación anticipada a partir de los 52 años con unos coeficientes reductores del 6% de la cuota final por año para aquellos empleados que hayan cotizado más de 40 años. Ese porcentaje se eleva hasta el 7,5% para los que hayan cotizado entre 30 y 34 años. Al margen de esas normas quedan algunos colectivos como mineros, personal de vuelos aéreos, trabajadores ferroviarios, bomberos, artistas, profesionales taurinos o ertzainas, que disponen de ciertas ventajas para jubilarse anticipadamente.

Este es uno de los asuntos a incluir dentro de la reforma de pensiones, cuya negociación con los grupos parlamentarios dirigirá Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo y vicepresidente de la Fundación Ideas. En un acto celebrado ayer en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Caldera apuntó que sería deseable un "gran consenso", aunque matizó que la reforma saldrá adelante aunque no haya acuerdo. "Lo peor sería no hacer nada, ya que comportaría que dentro de 10 o 15 años se deberían rebajar las pensiones", dijo Caldera, quién dijo que sería necesario elevar hasta tres años el periodo medio de cotización.